La Comisión Europea ha aprobado unas nuevas directrices a seguir en relación a las ayudas públicas para hacer que el despliegue de las redes de banda ancha ultrarrápidas se lleve a cabo de forma más rápida y sencilla.

Estas ayudas públicas podrán emplearse tanto para zonas rurales y aisladas en las que no exista ninguna compañía privada interesada como en aquellas zonas urbanas, siempre y cuando se garantice el acceso de los consumidores a estas infraestructuras con subvenciones estatales.

Con esa medida se pretende que se facilite el cumplimiento de la Agenda Digital de la Unión Europea, cuyo objetivo es el de que en el año 2020, al menos la mitad de los hogares europeos puedan disfrutar de conexiones ultrarrápidas (más de 100 Mbps).

«Debemos lograr el juste equilibrio entre inversiones privadas y públicas y crear condiciones propicias para la competencia», ha declarado, Joaquín Almunia, el vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia.

Por otro lado, el propio Joaquín Almunia ha resaltado que «estas nuevas reglas permitirán intervenciones públicas bien pensadas destinadas a compensar los fallos de mercado, y garantizarán la libertad de acceso a las infraestructuras que se beneficien de fondos públicos».

De esta forma, la financiación pública se permitirá en zonas urbanas pero «en condiciones muy estrictas que favorecen la competencia», es decir, que solamente se autorizará esta ayuda con fondos públicos cuando la mejoría respecto a las redes que ya existen sea considerable y no tan solo una simple mejora.

Además, estas redes, creadas gracias al dinero de los contribuyentes, deberán poder ser disfrutadas por los consumidores de forma abierta.

Ahora queda esperar a ver en qué lugares de la geografía española se deciden apostar por este tipo de redes subvencionadas, y qué opinión tienen los ciudadanos acerca de que se usen los fondos públicos para mejorar las conexiones a la red.