Colgaba en Internet fotos de amigos de su hijo

Un vecino de San Sebastian, fue detenido por la policía nacional, al comprobar que estaba compartiendo con una red pedofilia, las fotos de los amigos de sus hijos que este les realizaba mientras jugaban.
Todas las fotos fueron realizadas en parques y playas, y luego compartia dichas fotos en una web que cuenta con mas de 14.000 miembros de los cuales 140 cuentan con un acceso especial a la web con áreas restringidas al resto de usuarios, donde se comentaban las fotos tras subirlas a la web.
Tras identificar el lugar en el que se tomaban las fotos y el autor del proceso de subirlas a la web, se procedió al registro de su domicilio y su detencion inmediata, tras encontrar en su casa numeroso material con contenido pornográfico infantil

Las ip utilizadas en conexiones P2P son publicas

El pasado 9 de mayo, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dictó una importante sentencia (n° 236/08), la cual concluye que las direcciones Ip pertenecientes a las conexiones que los usuarios utilizan para hacer uso de las redes P2p como son emule o bitorrent, son publicas y por lo tanto visibles para el resto de los internautas, de este modo dichas direcciones IP no están protegidas ni por el derecho a la intimidad ni por el derecho al secreto de las telecomunicaciones. Por lo tanto en el transcurso de una investigación policial no seria necesaria una autorización judicial para conseguir algo que ya es publico, ya que el usuario la introduce voluntariamente en dichas redes para de este modo poder compartir archivos.
Para que nos hagamos una idea un símil seria el de hacer una foto a un famoso dentro de su casa a través de una ventana o hacerle la foto en una playa, la foto de la playa seria licita pues es un lugar publico y la de su vivienda no pues es un lugar privado.
El Grupo de Delitos Telemáticos de la policía judicial de la Guardia Civil realizó en octubre de 2005 unas búsquedas en Internet, rastreando redes P2P, para conocer a aquellos usuarios que compartiesen o descargasen archivos con contenido de pornografía infantil. Gracias a estos rastreos, realizados sin una autorización judicial, se obtuvo un listado de IPs que fue presentado ante el Juzgado de Instrucción número 7 de Sevilla, solicitando la emisión de un mandamiento judicial para dirigirlo a diferentes proveedores de acceso a Internet con el fin de que remitieran cierta información correspondiente a cada una de las IPs recabadas en los rastreos realizados.
En dicho listado se encontraba la IP asignada al ordenador de la persona acusada en el procedimiento judicial de la referida sentencia. Realizada la entrada y registro en la vivienda de la persona implicada, se intervino el ordenador que allí se encontró, obteniendo determinadas pruebas sobre un presunto delito de facilitación de la difusión de material de pornografía infantil (artículo 189 del Código Penal). La sentencia del Tribunal Supremo ha declarado ahora nula la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Tarragona, que absolvió a la persona acusada por entender que se había lesionado gravemente el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones en la obtención del material probatorio (entre otro, la obtención de IPs sin contar con una autorización judicial). Y es que, a juicio del Tribunal Supremo, «al verificar los rastreos, la policía judicial estaba cumpliendo con su función de perseguir delitos y detener a los delincuentes que los cometen, siendo legítimos y regulares los rastreos efectuados, lo que trae como consecuencia la validez de los mismos y la de las diligencias policiales practicadas en la ejecución del auto y autorizando la identificación de los usuarios de IPs y la posterior entrada y registro». Por todo ello, el Tribunal Supremo ha obligado a la mencionada Audiencia Provincial a dictar otra nueva sentencia en la que se tengan en consideración, como legítimas, las pruebas declaradas nulas en su momento para que, junto con el resto de pruebas ya practicadas, sea dictada una nueva resolución, condenando o absolviendo a la persona acusada.
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Resolución final del caso Sharemula. La Audiencia de Madrid es rotunda: las webs de enlaces a redes P2P no son delito.

La presente nota se publica conjuntamente en las páginas web de David Bravo y Javier de la Cueva, letrados defensores de Sharemula.

El 17 de Octubre de 2007, anunciamos que el Juzgado de Instrucción nº 4 de Madrid sobreseía las actuaciones que se seguían contra Sharemula, una web que suministraba enlaces a redes P2P. La noticia era de especial interés: un juzgado declaraba que no era delictiva la actividad de una web incluida en una mediática operación policial. La industria no sólo recurrió la decisión judicial ante la Audiencia Provincial de Madrid, sino que, apenas un mes después, la Brigada de Investigación Tecnológica fue condecorada por su trabajo en este tipo de operaciones policiales.

Desde el día del anuncio del recurso contra el archivo de las actuaciones, el interés por la resolución definitiva era creciente en los medios. No hay que olvidar que, además de lo dicho, la acusación particular está formada por SGAE, Microsoft, PROMUSICAE, EGEDA, Columbia Tristar Home Entertainment y Cía, SRC, The Walt Disney Company Iberia, Twentieth Century Fox Home Entertainment España S.A., Warner Home Video, Lauren Films Video Hogar S.A., Manga Films S.L., Universal Pictures (Spain) S.L., Paramount Home Entertainment (Spain) S.L., Twentieth Century Fox Film Corporation, Walt Disney Enterprises Inc., Columbia Pictures Industries Inc., Tristar Pictures, Sony Pictures Classic Inc., Mandalay Entertainment, Metro Goldwin Mayer Studios Inc., Orion Pictures Corporation, Paramount Pictures Corporation, Universal City Studios y Time Warner Entertainment Company L. New Line Productions Inc.

Con fecha de hoy, 18 de septiembre de 2008, se nos ha notificado el auto de la Audiencia Provincial de Madrid en el que confirma el sobreseimiento libre en el caso Sharemula que realizó en septiembre de 2007 el Juzgado de Instrucción nº 4 de Madrid.

El auto de la Audiencia es firme, esto es, ya no cabe recurso contra el mismo.

En el auto, la Audiencia confirma las tesis de la defensa señalando que enlazar a las redes de pares no constituye una actividad criminal, a pesar de que ésta sea la tesis mantenida por las acusaciones particulares. Nuestra postura jurídica consistía en que en sharemula.com sólo se incluyen enlaces, es indiferente que se tenga o no ánimo de lucro puesto que si no hay comunicación pública ya no hay delito, la actividad de enlazar tiene su regulación en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio, que enlazar no es punible y que se habían llevado ya a cabo todas las diligencias de investigación, por lo que procedía sin más el archivo.
La postura del Ministerio Fiscal también fue la de solicitar el sobreseimiento libre de las actuaciones. La función del Ministerio Fiscal es la de salvaguardar la legalidad vigente.

En el auto, de 24 folios, se van rechazando una por una todas las alegaciones hechas por la industria, sin eludir el análisis de ninguna de ellas y sigue la línea de la defensa de sharemula.com. De su contenido entendemos importante resaltar lo siguiente:

– La actividad de una página web cuyo contenido son enlaces debe estudiarse conforme la regulación de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio, de 11 de julio de 2002, ya que la web es un prestador de servicios puesto que su actividad se centra en facilitar «“enlaces”, ni aloja archivos, ni realiza directamente la descarga, limitándose a facilitar una dirección donde se puede descargar la obra, esto es, su actividad se centra en “enlazar”». Un prestador de servicios sólo sería responsable del contenido creado por él mismo o por su encargo o en el caso de que exista una resolución declarando ilegal el contenido enlazado, resolución comunicada fehacientemente al prestador, cosa que no es el caso.

– Un enlace simple no supone vulneración de los derechos de propiedad intelectual. Señala la Audiencia que «este tipo de links constituye únicamente una forma de facilitar al usuario de Internet el acceso a otra página web, ya que no reproducen la página enlazada, ni dan lugar a un almacenamiento de la misma en la propia página web de la remitente. Simplemente, como hemos dicho, “ahorra” el trabajo de teclear el nombre de la página en el buscador. ¿Acaso el internauta que teclea el nombre de la página en el buscador está reproduciendo o distribuyendo el contenido de la página y está infringiendo la propiedad intelectual de la misma? Es evidente que no. El enlace simple cumple esa misma función, y por eso no supone infracción de dicho derecho.

– Un enlace simple no supone una comunicación pública de una obra, sino una indicación de dónde se hace dicha comunicación. En conclusión, no concurren los requisitos objetivos del artículo 270.1 del Código penal, por lo que no hace falta analizar el ánimo de lucro.

– Debe recordarse el principio de intervención mínima del Derecho penal conforme al cual sólo debe recurrirse a éste ámbito cuando sus cauces sean absolutamente necesarios para la protección de los bienes jurídicos frente a los ataques más intensos.
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En el año 2006 se descargaron ilegalmente 132 millones de películas

Según la «primera mesa de cine», «todos contra la piratería», en el año 2006 se descargaron ilegalmente 132 millones de películas pirata.
Carmen  Calvo, comento que una de las primeras medidas adoptadas por el gobierno, frente a el problema de la piratería a sido la puesta en marcha del Plan Integral contra la Piratería.
También comento que se están tomando medidas a nivel policial para incorporar agentes especializados en piratería digital.
Los datos presentados, colocan a España como el país con el índice de piratería mas elevado de toda Europa, con un 32% del total, en segundo lugar están los Italianos con un 25% del total, y en ultimo lugar se encuentra Holanda con solo un 11% del total.
Los miembros de la «primera mesa de cine», «todos contra la piratería», compararon el problema de la piratería con el SIDA.