La venta de dispositivos bloqueados que no puedan ser utilizados con otras compañías es ilegal, por lo que las operadoras deben liberar los mismos de forma inmediata y gratuita sin tener por que esperar a finalizar los contratos de permanencia. Sin embargo, las compañías se resisten y siguen cobrando por ello y exigiendo requisitos como no tener permanencia. Para lograr la liberación de un terminal las propias operadoras ponen trabas que comienzan incluso por llamar a un nuevo alternativo al de atención al cliente "normal", como es el caso de Orange, que remite a los usuarios a un teléfono 902, al cual solo se puede acceder desde dispositivos de su propia compañía y además cobrando 48 céntimos el minuto (impuestos indirectos
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