Telefónica no está dispuesta a que el traspaso irregular de clientes de ADSL se le vaya de las manos, como sucedió con el robo de usuarios de telefonía fija, así que ha decidido pasar al ataque. La operadora no sólo ha denunciado a Jazztel ante la CMT, sino que también ha encausado a France Télécom y Ono.
Tres de los cuatro principales competidores de Telefónica en el mercado de ADSL están en la lista. Y es que Telefónica no quiere que el slamming en banda ancha, el presunto robo sin consentimiento de clientes, siga creciendo y termine como el de telefonía fija, donde decenas de denuncias se agolpan en la Fiscalía, en diversas audiencias provinciales y en juzgados porque los casos se cuentan por miles.
Las acusadas son France Télécom España, a través de Wanadoo, y Ono, por el servicio de ADSL de Auna. Las dos han sido denunciadas por Telefónica ante la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), donde también hay otra denuncia del ex monopolio contra Jazztel por el mismo motivo -como informó el viernes Cinco Días-.
Fuentes conocedoras de la demanda aseguran que Telefónica ha planteado esta ofensiva no para castigar a los presuntos ladrones de clientes, sino para que una instancia reguladora ponga fin a estas prácticas. El problema del slamming de ADSL es que causa un perjuicio grave al usuario, que no sólo se ve captado de un día para otro por un operador al que no le ha dado su consentimiento, sino que se queda sin servicio durante varias semanas, mientras dura el proceso de conexión con la nueva compañía. Por eso, la operadora ha centrado su denuncia en los testimonios de los abonados que han sufrido este problema, que han sido remitidos al regulador.
La CMT, sin embargo, todavía no ha abierto el procedimiento que sigue a la presentación de las denuncias, según fuentes cercanas al regulador. Existe la posibilidad de que siga la misma política que con la polémica que se dio entre 2002 y 2004 por la captación fraudulenta de clientes de telefonía, en la que optó por introducir algunos cambios en la normativa y remitir las denuncias al Ministerio Fiscal, para que éste investigara la posible existencia de mayores derivaciones.
Ni France Télécom España ni Ono quisieron hacer comentarios sobre las denuncias y aseguran que la CMT no ha contactado con ellos por este motivo.
Jazztel, por su parte, niega tal práctica fraudulenta, aunque reconoce que, dado su nivel de altas, podría haber tenido algún problema por cuestiones técnicas.
En general, los presuntos casos de slamming se centran en el canal de distribución. Son los comerciales que contactan con los clientes y la mayoría de las operadoras tiene externalizado este servicio. En cualquier caso, hay algunas actuaciones que pueden poner freno a los traspasos irregulares, como que el propio operador haga una llamada de verificación al usuario cuando el canal de distribución le comunica el alta, para comprobar si el usuario es consciente y ha dado su consentimiento a la contratación. Ésta es la práctica de Ya.com, la única de las grandes rivales de Telefónica en ADSL que no ha sido denunciada.
En general, la más perjudicada por el supuesto robo de clientes ya sea en telefonía fija o en banda ancha es Telefónica, por su mayor número de abonados.
Acuerdo inmobiliario en Madrid
Sólo queda la aprobación del Pleno municipal para que Telefónica logre desbloquear su proyecto inmobiliario en Madrid. La operadora ha llegado a un acuerdo con el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón que pone fin a años de parálisis y enfrentamientos, incluso en los tribunales.
La historia se remonta a 2003, cuando el anterior alcalde, José María Álvarez del Manzano, aprobó la recalificación de 48 edificios de Telefónica en Madrid, para su uso mayoritariamente residencial. El acuerdo nunca vio la luz, porque el nuevo primer edil lo paralizó.
Tras años de negociaciones, el Gobierno municipal aprobó esta semana la recalificación, que permitirá la venta de estos 48 edificios. A cambio, Telefónica pagará al Ayuntamiento de Madrid un porcentaje de las plusvalías que consiga, hasta un máximo de 53 millones de euros en el caso de que todos los inmuebles se vendan en las mejores condiciones. Eso sí, el plazo para pagar este dinero asciende a 20 años.
Está por ver los ingreso finales para el Ayuntamiento, pero en principio el acuerdo multiplica por nueve el beneficio que iba a conseguir Madrid según el acuerdo alcanzado con Manzano.
Articulo publicado en: http://www.cincodias.com
