El 70% de la banda ancha española se utiliza para defraudar los derechos de los autores

ADSLSegún informe de Telefónica publicado por elpais.es la semana pasada, el P2P ocupa el 71% del consumo de la banda ancha en nuestro país. Este dato revela como falso el aportado por las TIC que aseguran que, entre otras, es el correo electrónico la aplicación más utilizada en las ADSL.

Otros datos del informe revelan que los “usuarios intensivos” de las ADSL, a través de las redes P2P, están siendo “financiados” por el resto de los usuarios. “Resolver las contradicciones del sistema que hace funcionar Internet y que nadie sabe muy bien quién paga” es, según Julio linares, director general de coordinación, desarrollo de negocio y sinergias de Telefónica, por donde “pasa el futuro de internet.”

Estos datos obligan a los usuarios a reconocer que no se opondrían al “pago por consumo” de los internautas. Miguel Pérez Subías, presidente de la Asociación de Usuarios de Internet (AUI) asegura que lo que quiere el consumidor “son tarifas simplificadas y que sepa cuánto le va a costar determinado servicio.»

Por otro lado, Luis Carlos Esteban, responsable de Redes Digitales de la Asociación de Compositores y Autores de Música (ACAM), se felicitaba ayer de que “poco a poco, el sentido común y la verdad emergen” […] “consiguiendo que, al final, se de al César, lo que es del César.”

EL 90% DEL TRÁFICO DE TELEFÓNICA EN ESPAÑA USA EL PROTOCOLO DE INTERNET El 20% de los usuarios de banda ancha a través de ADSL ocupan el 80% del tráfico – Las llamadas tradicionales de voz suponen el 10% del tráfico y las redes P2P ocupan el 71% del consumo de banda ancha.

El 90% de todo el tráfico que circula por la red de Telefónica se hace a través del protocolo IP, cuando hace cinco años representaba el 15%, según los datos proporcionados por Julio Linares, director general de coordinación, desarrollo de negocio y sinergias de Telefónica, en el Internet Global Congress celebrado en Barcelona.

Linares explica que Internet ha permitido que exista una red integrada, «el sueño de siempre del sector». También es el causante del crecimiento exponencial del tráfico, que no ha hecho más que empezar.

En contra de lo que pudiera parecer, las llamadas telefónicas tradicionales representaron el año pasado el 10% de todo el tráfico que circula por la red de Telefónica de España. Las llamadas telefónicas tradicionales de voz, si se pasan de minutos a kilobytes por segundo, representaron en 2005 el 10% de todo el tráfico de voz y datos que circula por la red de Telefónica.

El 71% del total, según la operadora, se destina a las redes P2P; es decir, fundamentalmente a la descarga de canciones y películas. Otro 11% se usa para navegación y el 8% restante se reparte entre correo, telefonía sobre IP y streaming (archivos audiovisuales en directo). Esta desproporción del uso de Internet se debe a que muy pocos usuarios utilizan extensivamente la Red. Telefónica calcula que el 20% de los usuarios de banda ancha a través de ADSL ocupan el 80% del tráfico. El 5% de los usuarios acaparan el 36% del tráfico; el 30%, el 90% del total. Es decir, el 70% de los usuarios utilizan el 10% de los recursos de la banda ancha, aunque pagan básicamente lo mismo. Linares desgranó datos que evidencian las contradicciones del actual sistema. Los usuarios intensivos de banda ancha son subvencionados por el resto de clientes.

Los proveedores de aplicaciones en Internet defienden el acceso sin restricciones como clave de innovación. Los operadores se ven obligados a invertir en la ampliación de las redes sin garantías, a su juicio, de retorno. Y los reguladores deben proteger la libre elección de los usuarios y estimular la inversión y la innovación. Estas contradicciones hacen que los proveedores de aplicaciones, como Google, Yahoo y eBay, tengan beneficios muy elevados gracias a Internet, y en cambio los fabricantes de equipos, las firmas de tecnologías de la información y los operadores de telecomunicaciones no tanto.

Los principales operadores de telecomunicaciones son europeos y son los que más invierten y generan empleo. Según sus datos, los operadores de telecomunicaciones de los 25 países europeos emplean a un millón de personas e invierten anualmente 32.800 millones de euros. Los fabricantes de equipos de telecomunicaciones emplean en Europa a 400.000 personas e invierten 13.000 millones de euros. Los proveedores de Internet emplean en Europa a menos de 10.000 personas y su inversión se desconoce.

El tráfico que circula por las redes de telecomunicaciones no cesa de crecer y lo seguirá haciendo a ritmo exponencial con las nuevas demandas de los usuarios, especialmente con el desarrollo de la televisión interactiva a través de Internet. Para absorber este aumento de tráfico, se requerirá el despliegue de redes de alta velocidad y gran capacidad que funcionan con el protocolo IP de Internet, lo que técnicamente es totalmente viable pero requiere que los operadores hagan grandes inversiones.

Los grandes operadores de cada país europeo están dispuestos a invertir en la puesta en marcha de esta red por la que circularán los paquetes de datos IP de manera fiable, rápida y segura. Antes de hacer el desembolso, sin embargo, los operadores quieren unas mínimas garantías de retorno de la inversión y que la Comisión Europea y los órganos reguladores de telecomunicaciones de los países respectivos no les obliguen a abrir la red a terceros hasta pasado un plazo de tiempo razonable.

El tema está siendo objeto de intensa polémica en los pasillos de Bruselas entre los representantes de los reguladores, operadores y proveedores de contenidos. En la actualidad, el sector de telecomunicaciones está muy regulado en lo referente a los servicios y redes de telecomunicaciones tradicionales y es previsible que siga siendo así. La pugna se libra en los nuevos servicios de voz y datos de mayor valor añadido y que se van a prestar a través de redes, equipos y programas de última generación.

Hace unas semanas, el regulador alemán concedió al operador dominante en Alemania, Deutsche Telekom, los derechos exclusivos de explotación de una red de enlaces de fibra óptica durante tres años, sin tener que cederla a terceros ni estar regulada, a cambio de que realice la inversión prevista de 3.000 millones de euros. La comisaria europea de telecomunicaciones, Viviane Reding, se ha opuesto, porque considera que es una decisión que se debe tomar comunitariamente y no como país.

El próximo 28 de junio se debería publicar un documento comunitario que contenga las directrices básicas y las recomendaciones para regular los nuevos servicios de telecomunicaciones y determinar los que deberían estar abiertos a la libre competencia. Las recientes exigencias de la comisaria Reding a los operadores de móviles para que reduzcan las tarifas de itinerancia entre llamadas a distintos países europeos hace pensar a los expertos que Bruselas quiere mayor control sobre la regulación del sector de las telecomunicaciones, en detrimento de los órganos de cada país, como es la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) en el caso de España.

Hasta ahora, la tarea de los operadores ha consistido básicamente en canalizar distintos paquetes de voz, datos e imágenes a través de las redes de telecomunicaciones y reunirlos en su destino final. Es lo que se conoce en el sector como best effort y en el que no se exigen unos parámetros de calidad o de seguridad como puede ser, por ejemplo, en la telefonía de voz tradicional.

La tecnología de red ha avanzado mucho en estos últimos años y ahora es posible asignar a cada paquete de datos un tipo de prioridad o de privacidad para garantizar que llegue a su destino final sin problemas, en función del tipo de servicio contratado por el usuario. Se trata de redes avanzadas que funcionan con enrutadores inteligentes y a las que van asociados programas de supervisión de que todo funciona correctamente.

También es posible diseñar servicios que funcionan con distintos terminales, sean fijos, móviles u ordenadores, y que van asociados a un número o al tamaño de la pantalla que el usuario tenga en ese momento, mediante pasarelas que interconectan distintas redes. Es lo que se llaman «redes de nueva generación». Las posibilidades que deparan son inmensas y están pensadas para funcionar con las máximas garantías. Exigen, sin embargo, una importante inversión por parte del operador y que el usuario esté dispuesto a pagar un poco más por el servicio añadido. De ahí la difícil situación del regulador, que debe favorecer que hayan estas nuevas redes sin perjudicar la libre elección de los usuarios, los posibles abusos por parte de los operadores dominantes o el uso de la red en su propio beneficio por parte de los proveedores de contenidos.

COMPETENCIA Y REGULACIÓN Para Tomás Sanjuán, director de mercadotecnia y proceso de ventas de Alcatel en España, la experiencia demuestra que «una regulación favorable para los operadores dispara la inversión en la Red». Se trata de estimular la inversión sin tener que regular en exceso, al menos al principio.

A su juicio, se debe intentar que la regulación sea a posteriori, porque de lo contrario se coarta la innovación. «La regulación siempre estará en conflicto con la inversión; lo que se busca es favorecer la libre competencia y por eso ahora el regulador es mucho más abierto que antes». «Lo difícil es mantener la competitividad y se corre el riesgo de que haya muy pocos operadores», sostiene Miguel Pérez, presidente de la Asociación de Usuarios de Internet (AUI). «Se debe favorecer la competencia real entre operadores, a poder ser con infraestructuras de red independientes».

Miguel Pérez no está en contra del pago por consumo, siempre que haya un valor añadido. «Lo que quiere el usuario son tarifas simplificadas y que sepa cuánto le va a costar determinado servicio».

El futuro de Internet, según Julio Linares, pasa por resolver las contradicciones del sistema que hace funcionar Internet y que nadie sabe muy bien quién paga. En su opinión, «la regulación debería fomentar la inversión en innovación e infraestructura sin dificultar su rentabilidad». En un acto celebrado en Barcelona, Linares solicitó una regulación más homogénea entre distintos países; que se considerara al sector de telecomunicaciones en su conjunto, en lugar de fragmentarlo en mercados artificiales por países; que se permitiera la competencia e igualdad de condiciones entre operadores de telecomunicaciones y proveedores de aplicaciones y que se eliminaran las regulaciones específicas del sector y que, a largo plazo, sólo debería aplicarse la ley de la competencia.

Articulo publicado en: http://www.acam.es

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